La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó a discutir un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal de cuidadores y acomodadores de vehículos en la vía pública.
La iniciativa apunta a recuperar el uso legítimo de los espacios públicos y a eliminar los cobros informales por el supuesto resguardo de autos, una práctica que, en distintos puntos del país, se ha relacionado con mafias que se apropian de sectores específicos y operan bajo amenazas o extorsión.
De aprobarse, la ley contemplaría multas de hasta 10 UTM (alrededor de 700 mil pesos) y penas de cárcel que irían entre los 60 y 540 días.
Los parlamentarios que impulsan el proyecto sostienen que esta regulación es necesaria para frenar una práctica irregular que genera inseguridad y temor entre los automovilistas, quienes muchas veces acceden a pagar por miedo a represalias, sin recibir un resguardo efectivo.
La propuesta busca avanzar hacia un control más estricto del uso de los bienes nacionales de uso público y fortalecer la seguridad en espacios urbanos.