En Quilpué, la tensión aumenta en torno a la demolición del campamento instalado en Pompeya Sur, levantado en terrenos pertenecientes a la familia Correa. A pesar de que la acción está programada para esta semana, los dirigentes del lugar aseguran que no abandonarán el sector.
“Pueden botarme la casa si quieren, pero no nos van a mover de ahí. Ya lo hablamos con mi esposo, que es discapacitado. Legalmente no nos pueden mover. Hay una orden de demolición, pero no de desalojo”, sostuvo Yasmín Durán Becker, vocera del campamento, en declaraciones a El Mercurio.
La dirigenta fue más allá y señaló que la resistencia será hasta las últimas consecuencias: “Tendrán que echarnos la casa encima. Y ahí sí, esos terrenos van a estar manchados con sangre, pero la nuestra”, afirmó, vinculando la situación al asesinato del empresario Alejandro Correa, propietario del terreno.
Por su parte, Gustavo Sepúlveda, topógrafo y asesor de los ocupantes, explicó que las familias sienten que se les ha incumplido lo prometido: “Las personas no se van a mover, porque se les prometió que iba a haber diálogo, un plazo razonable, y eso no se cumplió”.
En tanto, la abogada de la familia Correa, Jeannette Bruna, advirtió que el procedimiento contará con resguardo policial y que, tras la demolición, el terreno quedará bajo control del Serviu y de la empresa a cargo de las faenas. En ese escenario, enfatizó que cualquier intento de los ocupantes por regresar significará consecuencias legales inmediatas: “Si las personas regresan, serán detenidas por usurpación en flagrancia de un terreno privado”.
La situación mantiene en vilo a la comunidad quilpueína, mientras se espera la ejecución de la orden en medio de un clima de alta tensión social y judicial.