El Décimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar un total de $279.000.000 por concepto de daño moral a 15 víctimas directas de crímenes de lesa humanidad, quienes sufrieron detenciones ilegales y torturas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en distintas comunas de la Región de Valparaíso.
La sentencia, dictada por la magistrada Karina Portugal Cuevas, acogió la demanda presentada en representación de las víctimas directas, pero rechazó la acción interpuesta por sus familiares. El tribunal fundamentó la condena señalando que existe una clara relación de causalidad entre las conductas de los agentes del Estado catalogadas como delitos de lesa humanidad y los daños permanentes y significativos que padecieron los afectados.
Los montos de indemnización fueron fijados de manera individual, en rangos que van desde los $10.000.000 hasta los $30.000.000, considerando la gravedad de los hechos, las secuelas físicas y psicológicas acreditadas incluyendo trastorno de estrés postraumático respaldado por informes del Servicio Médico Legal y del programa PRAIS, además de la duración de las detenciones y torturas.
En los antecedentes del caso se describen detenciones ejecutadas por personal de Carabineros y militares en comunas como Cabildo, Petorca, La Ligua y San Felipe, donde las víctimas relataron golpizas, aplicación de electricidad, amenazas de fusilamiento y condiciones extremas de reclusión.
La resolución reafirma la obligación del Estado de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en concordancia con los estándares internacionales en la materia.