Nuevos antecedentes se conocieron en el caso de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años desaparecida en mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas, mientras celebraba el Día de la Madre junto a su familia.
Según informó su nieta, Carla Hernández, la dueña del recinto turístico, Mónica Kleinert, pasó a tener la calidad de imputada en una de las aristas de la investigación, específicamente en la relacionada con obstrucción a la investigación.
Hernández explicó que actualmente existen dos causas abiertas. La primera corresponde a la desaparición de María Ercira, donde no se descartan delitos como secuestro, homicidio u ocultamiento. La segunda es una arista posterior, vinculada a irregularidades detectadas en la cadena de custodia de evidencia clave.
De acuerdo con el relato de la familia, esta segunda investigación surge luego de que un perito detectara incoherencias en el manejo de las grabaciones de seguridad del fundo. El 13 de mayo de 2024, un día después de la desaparición y con la causa ya en manos de la PDI, el fiscal habría ordenado resguardar 24 horas de grabación del sistema de cámaras.
Sin embargo, según la denuncia, el funcionario policial que acudió al lugar no habría retirado la totalidad del material solicitado, pese a que se dejó constancia formal del procedimiento. Este documento fue firmado por Mónica Kleinert y un inspector, lo que, a juicio de la familia, podría configurar el delito de falsificación de instrumento público.
En este contexto, Kleinert presentó un escrito a través de su abogado solicitando ser reconocida como imputada en esta arista, considerando cómo se describen los hechos. Dicha solicitud fue acogida durante enero, pasando oficialmente a ser interviniente en la causa por obstrucción a la investigación.
La familia de María Ercira sostiene que este cambio de estatus podría responder a una estrategia legal, mientras continúan exigiendo avances concretos para esclarecer qué ocurrió con la adulta mayor.