La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles a ley el proyecto de reajuste del sector público, cerrando así una extensa y compleja tramitación legislativa que se extendió por varias semanas. La iniciativa fue aprobada sin necesidad de pasar a comisión mixta y sin incluir la denominada “norma de amarre”, uno de los puntos más controvertidos del debate.
Durante la sesión, el proyecto enfrentaba cerca de 22 solicitudes de votación separada, lo que anticipaba un escenario complejo para su aprobación. Sin embargo, finalmente solo ocho puntos fueron sometidos a votación, luego de que el Partido Republicano retirara gran parte de sus requerimientos, permitiendo destrabar la discusión y avanzar hacia su despacho definitivo.
Con la aprobación del Congreso, el reajuste quedó fijado en un 3,4% total, lo que implica un costo fiscal aproximado de 1.700 millones de dólares. El aumento se aplicará de forma escalonada, con un 2% a contar del 1 de diciembre de 2025, seguido de un 1,4% adicional desde el 1 de junio de 2026.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la llamada “confianza legítima”, conocida también como “norma de amarre”, que buscaba otorgar mayores garantías de estabilidad laboral a funcionarios a contrata con más de cinco años de antigüedad. Finalmente, esta disposición fue excluida del texto legal, luego de que se reconociera que no contaba con respaldo suficiente ni en la Cámara ni en el Senado, lo que impidió al Ejecutivo incorporarla en la ley.
La decisión provocó molestia en diversas organizaciones de trabajadores del sector público, que esperaban avances en materia de estabilidad laboral. Desde estos gremios, el resultado fue calificado como un retroceso y un “fracaso” en uno de los principales compromisos planteados durante la negociación.
Pese a las críticas, el despacho del proyecto permite dar certeza a miles de funcionarios públicos, quienes contarán con un reajuste salarial definido para el próximo período, marcando así el cierre de una de las discusiones legislativas más relevantes del año en materia laboral y fiscal.