La Corporación Municipal de Valparaíso presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía por el presunto desfalco de más de $3,3 millones desde la Farmacia Popular ubicada en calle Molina N°468, tras detectar graves irregularidades financieras durante una revisión interna realizada a mediados de 2025.
La acción judicial acusa los delitos de malversación de caudales públicos y malversación culposa, luego de constatarse la pérdida sistemática de fondos que no habrían sido depositados oportunamente. El hallazgo derivó inicialmente en la apertura de un sumario administrativo y, posteriormente, en la judicialización del caso.
Según los antecedentes contenidos en la querella, las irregularidades se habrían producido entre marzo y mayo de 2025, periodo en el cual Natalia Vásquez se desempeñó como coordinadora subrogante de la red de Salud Popular, durante la ausencia de la funcionaria titular. En ese lapso, se detectó un faltante total de $3.310.772, correspondiente a recaudaciones semanales que no ingresaron a las arcas institucionales.
El documento sostiene que la pérdida de recursos no fue un hecho aislado, sino una práctica reiterada en el tiempo vinculada al manejo de la recaudación de ventas, lo que encendió las alertas al interior de la Corporación Municipal.
Desde el Concejo Municipal, el concejal Leonardo Contreras (RN) criticó duramente la situación, apuntando a la precariedad de los sistemas de control interno. “Esto da cuenta de cómo se quema la contabilidad al interior de la Corporación. Hay una evidente falta de protocolos claros, de descripción de funciones y de órdenes expresas para el manejo de recursos”, señaló.
El edil agregó que los hechos se arrastrarían desde hace varios meses. “Estamos hablando de situaciones ocurridas hace más de ocho meses. Hoy nos enteramos de que se estaba robando dinero desde las farmacias populares, lo que es gravísimo”, afirmó.
La causa quedó ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes en un caso que vuelve a tensionar el debate sobre probidad y control financiero en organismos municipales.