Antecedentes fueron derivados a Contraloría, la SISS y el Ministerio Público tras constatarse consumo de agua potable sin relación contractual vigente por más de un año.
Los concejales de Limache, Victoria Ladrón de Guevara (Partido Republicano) y Álvaro Zamora (Partido Socialista), denunciaron el funcionamiento irregular del Cuartel de Seguridad Pública municipal, luego de constatar que el recinto opera con suministro de agua potable activo, pese a no contar con un contrato vigente con la empresa sanitaria ni registros de facturación o pagos asociados.
El cuartel, inaugurado en febrero del año pasado, fue fiscalizado tras una denuncia anónima, lo que derivó en inspecciones en terreno, solicitudes formales de información al municipio y la recopilación de antecedentes en el marco del rol fiscalizador de los ediles. Según lo constatado, el inmueble cuenta con empalme y medidor operativo, pero no existiría una relación contractual válida que respalde el suministro del servicio.
Ante esta situación, los concejales presentaron los antecedentes ante la Contraloría Regional, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y el Ministerio Público, con el objetivo de que se determinen eventuales responsabilidades administrativas y, de ser pertinente, penales.
“La verificación en terreno confirmó que el cuartel tenía agua potable y medidor en funcionamiento, pero sin pagos registrados. No actuar frente a estos antecedentes habría significado incumplir nuestros deberes legales y con la comunidad”, señaló el concejal Álvaro Zamora.
En tanto, la concejala Victoria Ladrón de Guevara afirmó que la denuncia se sustenta exclusivamente en criterios de legalidad y probidad administrativa. “Aquí no hay un interés político, hay un deber legal. Cuando existen antecedentes objetivos que comprometen el uso de recursos públicos, corresponde actuar. Más aún tratándose de un recinto municipal clave para la seguridad de los vecinos”, sostuvo.
De acuerdo con información proporcionada por la empresa sanitaria ESVAL, para el inmueble existirían dos factibilidades emitidas en los años 2023 y 2024, además de una solicitud de servicio provisorio que no fue finalizada por parte del interesado. Sin embargo, ello no constituiría un contrato vigente que habilite el suministro regular de agua potable.
En este contexto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios fue enfática en señalar que la Ilustre Municipalidad de Limache, en su calidad de propietaria del inmueble, debe regularizar a la brevedad la situación del arranque de agua, actualmente considerado irregular. La SISS advirtió además que, de mantenerse esta condición, la empresa sanitaria podría calificar el hecho como “robo de agua” por conexión clandestina, conforme a lo establecido en la Ley N°18.119, lo que contempla sanciones y multas.
Otro punto que genera inquietud es la situación administrativa del inmueble. Según información entregada por la Municipalidad, el cuartel contaría con una “recepción provisoria”; sin embargo, hasta ahora no se ha remitido documentación formal que permita establecer con claridad si dicha recepción corresponde efectivamente al inmueble y a las dependencias actualmente en uso.
Por esta razón, los concejales solicitaron formalmente al municipio la entrega de resoluciones, certificados y antecedentes técnicos que permitan aclarar el estado real de recepción y habilitación del recinto, considerando que la Ley General de Urbanismo y Construcciones exige respaldo documental para el uso de obras públicas.
Finalmente, Ladrón de Guevara subrayó la gravedad del caso, destacando que se trata de un recinto público con presencia permanente de funcionarios y atención a la comunidad. “El Estado y los municipios deben ser ejemplo de probidad y cumplimiento normativo. Un cuartel de seguridad debe operar conforme a la ley; cualquier irregularidad afecta la confianza pública y expone innecesariamente al municipio”, concluyó.