La Contraloría General de la República ofició al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Investigaciones de Chile, otorgando un plazo de 10 días para que expliquen las gestiones realizadas en torno al denominado caso “Clan Chen” en la región de Tarapacá.
El requerimiento apunta a un documento fechado el 13 de marzo —a menos de 48 horas de iniciado el gobierno— en el que la ministra Trinidad Steinert habría solicitado antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a la investigación.
El hecho generó controversia, ya que posteriormente se produjo la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, en medio de cuestionamientos por una eventual intervención indebida.
La situación se intensificó tras la difusión de antecedentes por parte de Radio Bío Bío, donde se indicó que la ministra habría solicitado directamente la desvinculación de la funcionaria.
A raíz de estos hechos, parlamentarios solicitaron la intervención del organismo fiscalizador. Entre ellos, el diputado Raúl Leiva, quien pidió aclarar si la autoridad contaba con facultades para realizar este tipo de gestiones o si se configuró una eventual extralimitación de funciones.
Ahora, Contraloría deberá analizar los antecedentes para determinar si existieron irregularidades en el actuar de las autoridades involucradas.