El gobierno del presidente José Antonio Kast decidió no avanzar con la auditoría externa internacional que había sido anunciada durante la campaña, argumentando limitaciones presupuestarias.
La propuesta original contemplaba una “Auditoría Total al Estado”, que incluiría la participación de la Contraloría General de la República y de firmas auditoras de nivel internacional, con el objetivo de revisar ministerios, subsecretarías, servicios y empresas públicas para detectar posibles irregularidades.
Sin embargo, pese a descartar esta opción, el Ejecutivo inició un proceso de revisión interna. Desde el viernes 20 de marzo, los servicios públicos fueron instruidos a entregar, en un plazo de 17 días, información detallada sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.
El cambio de estrategia marca un giro respecto de uno de los compromisos de campaña más destacados del mandatario, aunque desde el Gobierno aseguran que se mantendrá el objetivo de fiscalizar el uso de los recursos públicos mediante mecanismos internos.