El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, fue claro y enfático: el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos es una falta grave a la probidad. Y, según lo establecido en el Estatuto Administrativo, esta falta podría derivar incluso en la destitución de quienes resulten responsables.
En conversación con Radio Cooperativa, Pérez abordó con dureza las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25.000 funcionarias y funcionarios podrían haber utilizado licencias médicas para tomar vacaciones, lo que representa un uso indebido de este derecho laboral.
“Rechazamos absolutamente que se use este tipo de protección para irse de vacaciones o justificar feriados. La licencia médica es un derecho que se otorga para proteger la salud de las personas, no para ser aprovechado de manera irregular”, dijo Pérez.
Además, sostuvo que este tipo de prácticas dañan profundamente la confianza de la ciudadanía en el trabajo del Estado. “Esto nos golpea y nos duele, porque los funcionarios públicos trabajamos para servir a la comunidad, y cuando alguien comete estas faltas, todo el servicio se ve afectado”, añadió.
Pérez destacó también que el Gobierno haya actuado con rapidez instruyendo sumarios administrativos, en respuesta al informe emitido por la Contraloría. “Valoramos que se actúe con prontitud. No se puede dejar pasar algo así. Aquí tiene que haber claridad, transparencia y sanciones si corresponde”, subrayó.
¿Qué va a pasar ahora?
El presidente de ANEF explicó que, tras el informe de Contraloría, las jefaturas de servicio, municipios y gobiernos regionales deben nombrar un fiscal instructor en cada caso. Esta persona será la encargada de analizar los antecedentes, contrastar la información y determinar si efectivamente hubo una falta.
Si se comprueba que una funcionaria o funcionario usó una licencia médica de forma fraudulenta, la máxima sanción es la destitución, es decir, perder el trabajo en el aparato público.
Además, la situación podría tener consecuencias penales. José Pérez valoró que el Ministerio Público ya haya abierto una investigación, ya que en muchos casos se habría pagado el sueldo completo sin justificación médica real. “Esto puede ser considerado fraude al fisco, y como tal debe investigarse”, afirmó.
Sumarios en tres instituciones clave
Junto a las investigaciones en más de 780 reparticiones públicas, la Contraloría también abrió sumarios administrativos en tres instituciones responsables del control de las licencias médicas:
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Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)
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Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)
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Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
Estas indagaciones buscan determinar si estas entidades cumplieron con su deber de fiscalización y control en esta materia.
Un llamado a la responsabilidad
Desde ANEF, el mensaje fue claro: no se tolerará el abuso ni se protegerá a quienes actúan fuera de la ley. “Como organización gremial, defendemos a quienes cumplen con su deber. Pero en casos como este, donde hay posibles faltas graves, no vamos a defender lo indefendible”, remató José Pérez.
Este caso ha puesto en el centro del debate la importancia de actuar con integridad y responsabilidad en el servicio público. Porque, al final, la confianza ciudadana es un bien que cuesta mucho construir y muy poco perder.