El Gobierno ingresó una nueva indicación al proyecto que busca perfeccionar el sistema de expulsiones administrativas en Chile, medida que ha generado debate político y preocupación en distintos sectores.
Según reveló el diario La Segunda, la propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de la iniciativa en la comisión de Gobierno del Senado.
La indicación establece que organismos públicos y privados deberán informar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones cuando personas migrantes en situación irregular realicen trámites en áreas como salud, educación o previsión.
Entre las entidades que podrían verse involucradas aparecen instituciones como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles.
El objetivo del Ejecutivo sería utilizar estas instancias para identificar, fiscalizar y eventualmente iniciar procesos de expulsión contra extranjeros que permanezcan irregularmente en el país.
La propuesta ha comenzado a generar reacciones tanto desde el mundo político como desde organizaciones vinculadas a derechos humanos y migración, donde algunos advierten que la medida podría desincentivar el acceso a servicios básicos, especialmente en áreas sensibles como salud y educación.
El debate continuará en el Congreso en medio de una discusión cada vez más intensa sobre seguridad, control migratorio y derechos sociales.