Una de las votaciones más debatidas de la jornada se registró en el Senado, luego que fuera rechazada la norma que permitía levantar el secreto bancario por vía administrativa, es decir, sin la autorización previa de un tribunal.
La disposición formaba parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa impulsada para fortalecer la persecución del crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos económicos.
Tras el rechazo de esta norma, el proyecto deberá ser revisado por una Comisión Mixta, integrada por senadores y diputados, instancia que tendrá la misión de resolver las diferencias surgidas entre ambas cámaras y definir una propuesta de consenso.
Los parlamentarios que se opusieron a la medida argumentaron que el acceso a información bancaria sin autorización judicial podría afectar garantías constitucionales relacionadas con la privacidad y la protección de datos personales.
Por su parte, quienes respaldaban la iniciativa señalaron que la herramienta permitiría agilizar investigaciones vinculadas al crimen organizado, especialmente en casos de narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
Con esta decisión, uno de los puntos más sensibles del proyecto quedó pendiente de resolución, por lo que ahora será la Comisión Mixta la encargada de definir si se mantiene la exigencia de una orden judicial o si se establece algún mecanismo alternativo para acceder a la información bancaria en investigaciones económicas.
La votación generó un amplio debate político, ya que enfrenta dos principios que han estado en el centro de la discusión: el fortalecimiento de las herramientas para combatir el crimen organizado y la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos.