La Cámara de Diputados comenzó a tramitar el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública del pasado 1 de junio.
La iniciativa contempla la creación de un registro público, electrónico, nacional y único, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde serán inscritas las personas condenadas por una serie de delitos e incivilidades establecidas en el proyecto.
¿Qué conductas serán consideradas “actos vandálicos”?
Entre los delitos incluidos se encuentran:
• Atentados contra la autoridad.
• Amenazas a autoridades, fiscales, defensores públicos y funcionarios de salud o educación.
• Falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública.
• Retención o toma de control de vehículos de transporte público.
• Interrupción de la libre circulación en la vía pública.
• Usurpaciones de inmuebles fiscales, bienes nacionales de uso público o establecimientos educacionales.
• Incendios y daños a bienes públicos o servicios.
• Rayados y grafitis no autorizados en bienes públicos o privados.
• Homicidio o agresiones contra carabineros.
• Uso de artefactos explosivos o incendiarios.
• Carreras clandestinas.
• Tráfico y microtráfico de drogas.
• Asociación ilícita para el comercio ilegal.
• Daños a monumentos nacionales.
¿Qué incivilidades podrían llevar a una persona al registro?
Entre las faltas consideradas destacan:
• Consumir alcohol en la vía pública.
• No pagar la tarifa del transporte público.
• Elaborar o vender alimentos en la calle sin autorización.
• Depositar escombros sin permiso.
• Obstaculizar accesos a playas, ríos o lagos.
• Organizar loterías ilegales.
• Alterar el orden en espectáculos públicos.
• Consumir drogas en espacios públicos.
• Causar daños menores a bienes públicos o privados.
Las sanciones
Además de la condena judicial correspondiente, quienes ingresen al registro podrían enfrentar restricciones como:
• No poder postular a viviendas o subsidios habitacionales.
• Perder acceso al subsidio de arriendo.
• No acceder al Pase Cultural.
• No poder postular a fondos culturales, científicos o de investigación.
• Suspensión de beneficios como la Tarjeta Nacional Estudiantil y tarifas rebajadas para adultos mayores.
• Retención de la devolución de impuestos.
• Prohibición de obtener o renovar licencia de conducir.
• Prohibición de obtener o renovar pasaporte.
• Suspensión de beneficios municipales.
• Prohibición de asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos.
• Pérdida de pensiones de gracia.
Pérdida de gratuidad universitaria y PGU
El proyecto también contempla que quienes sean condenados por determinados “actos vandálicos especialmente graves” podrían perder temporalmente el acceso a la gratuidad universitaria y a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Entre estos delitos se incluyen el homicidio de carabineros, fiscales o defensores públicos; incendios con resultado de muerte; lesiones gravísimas a funcionarios; uso de explosivos; usurpaciones violentas; secuestro de transporte público; tráfico de drogas y asociación ilícita, entre otros.
¿Cuánto durarían las sanciones?
Para los delitos considerados más graves, las restricciones se aplicarían por cinco años desde la condena. En el caso de menores de edad, el plazo sería de dos años.
La propuesta ahora deberá ser discutida en el Congreso, donde se anticipa un intenso debate sobre seguridad pública, reinserción social y el alcance de las sanciones contempladas en la iniciativa.