En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los ajustes contemplados para el sector educación y reconoció que la reducción de las horas docentes máximas podría traducirse en desvinculaciones de trabajadores de la educación, particularmente en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La medida considera una disminución cercana al 3,6% en las horas docentes máximas contempladas para estos servicios durante el próximo año. Si bien esta reducción establece un límite de horas que podrán financiarse, no determina por sí sola una cantidad específica de profesores que serán despedidos.
Quiroz vinculó el ajuste con la disminución sostenida de la población infantil y juvenil que ingresa al sistema escolar, situación que atribuyó principalmente a la caída de la natalidad.
Según explicó, este escenario genera la necesidad de revisar la distribución de los establecimientos y buscar mayores eficiencias en el uso de los recursos públicos. Entre las alternativas mencionadas por el secretario de Estado está la posibilidad de concentrar establecimientos que actualmente imparten educación en distintos lugares.
“Eso te va a llevar naturalmente a optimizar y probablemente tengan que haber desvinculaciones”, señaló el ministro.
“El derecho a educar no es obligación de emplear”
Quiroz también estableció una diferencia entre la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación y la mantención de determinados puestos laborales dentro del sistema público.
“Esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no entregar el beneficio social. El beneficio es el derecho a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación a emplear, son cosas distintas”, afirmó durante la entrevista.
En la misma línea, sostuvo que la discusión presupuestaria debe considerar tanto el cumplimiento de los derechos sociales establecidos por ley como la responsabilidad fiscal en la administración de los recursos públicos.
El ministro agregó que la reorganización del sistema no implica, desde su perspectiva, dejar de garantizar el derecho a la educación, sino adecuar la estructura de los servicios a la realidad actual de matrícula y a las disponibilidades presupuestarias.
La reducción de horas docentes y sus eventuales efectos laborales forman parte de la discusión del Presupuesto 2027, cuya tramitación deberá continuar en el Congreso. Por ahora, las declaraciones de Hacienda apuntan a una eventual reorganización y a posibles desvinculaciones, pero no permiten establecer todavía un número definitivo de docentes que perderían sus puestos de trabajo.