El vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, reconoció que 57 personas beneficiadas corresponden a la actual administración y 270 al gobierno anterior. Además, calificó como un grave error que las familias y los entornos de las víctimas no fueran notificados sobre la salida de los condenados.
La controversia por la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores volvió a generar cuestionamientos luego de que el subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, confirmara que más de 300 reclusos han quedado en libertad tras acceder a estos beneficios durante los últimos dos periodos presidenciales.
En una entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad entregó cifras sobre las personas beneficiadas y abordó las gestiones del Gobierno para intentar revertir las decisiones adoptadas.
Más de 300 personas beneficiadas
Según detalló Arenas, 57 de los casos corresponden a la actual administración, mientras que otros 270 se registraron durante el gobierno anterior.
“57 de este gobierno, 270 del gobierno anterior, en total son un poco más de 300”, señaló el vocero.
Consultado sobre si los decretos de rebaja de penas terminaron con la salida de los condenados de los recintos penitenciarios, Arenas respondió: “Hasta donde yo tengo entendido, están todos libres”.
Gobierno busca fórmulas para revertir las decisiones
El subsecretario también se refirió a las instrucciones del Presidente para explorar alternativas que permitan revocar los beneficios otorgados.
“El presidente le dijo (a Rabat) que buscara todas las fórmulas posibles para ver cómo lográbamos que esto se pudiese revocar”, explicó Arenas, quien agregó que la situación representa un desafío para el ministro de Justicia.
La autoridad advirtió que revertir una decisión de esta naturaleza no es un procedimiento automático, debido a las implicancias jurídicas de dejar sin efecto un derecho que ya fue concedido.
Reconocen falta de notificación a las familias
Uno de los puntos más sensibles abordados durante la entrevista fue la falta de información a los familiares y al entorno de las víctimas sobre la salida de los condenados.
Arenas calificó esta situación como un grave error institucional y manifestó preocupación por las consecuencias humanas que puede tener, especialmente cuando los agresores regresan a comunidades cercanas a las personas afectadas.
“Eso fue un grave error”, afirmó el vocero, quien también sostuvo que existe una dimensión humana especialmente delicada, considerando que muchos de los condenados viven en entornos próximos a sus víctimas.
La controversia mantiene el foco en los criterios utilizados para conceder las rebajas de penas, las posibilidades legales de revisar los beneficios y los mecanismos de protección e información para las víctimas y sus familias.