Una indicación presentada por el Ejecutivo pretende restringir el uso de recursos del Ministerio de Salud para financiar terapias de hormonización cruzada e intervenciones quirúrgicas en personas menores de 18 años. La propuesta contempla una excepción para quienes ya se encuentren en tratamiento al 31 de diciembre de 2026 y ha generado cuestionamientos del Movilh.
El Gobierno presentó una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que busca impedir que el Ministerio de Salud (Minsal) destine recursos públicos al financiamiento de terapias de hormonización cruzada y determinadas intervenciones quirúrgicas en personas trans menores de 18 años.
La propuesta, fechada el 14 de noviembre y firmada por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, incorpora una nueva glosa a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud.
De acuerdo con el documento, la restricción abarcaría el financiamiento de medicamentos, prestaciones médicas, personal y otros gastos asociados a estos tratamientos, incluso cuando los servicios sean entregados mediante convenios con instituciones públicas o privadas, municipios, programas de atención primaria o compras a terceros.
¿Qué ocurrirá con quienes ya están en tratamiento?
La indicación establece una excepción para los menores de edad que al 31 de diciembre de 2026 ya se encuentren recibiendo tratamientos farmacológicos de hormonización cruzada con recursos de esta partida presupuestaria.
En esos casos, podrán continuar con sus tratamientos, siempre que exista una reevaluación clínica individual y documentada, además del consentimiento de sus padres, madres o representantes legales.
La propuesta también señala que los convenios, transferencias y orientaciones técnicas financiados por el Minsal no podrán contemplar derivaciones de menores de 18 años para acceder a estas prestaciones.
Movilh cuestiona la medida
La iniciativa generó una reacción crítica del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que cuestionó el alcance de la indicación y advirtió sobre sus posibles efectos en la atención de niños, niñas y adolescentes trans.
Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización, sostuvo que la propuesta desconoce la evaluación particular de cada paciente y afirmó que:
“Se inmiscuye en decisiones médicas, en el derecho de los padres y madres a decidir la mejor atención para sus hijos”.
Desde el Movilh plantearon que las necesidades de cada adolescente deben analizarse de manera individual, considerando las evaluaciones de los equipos médicos y la participación de sus familias.
La organización también cuestionó que la indicación permita continuar los tratamientos de quienes ya los reciben, pero impida que otros menores puedan acceder a ellos, aun cuando exista una evaluación clínica que los respalde.
La medida aún debe avanzar en el Congreso
La disposición corresponde a una indicación incorporada durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Por lo tanto, su aplicación dependerá de la tramitación legislativa y de que la propuesta sea aprobada e incorporada definitivamente en la ley.
El debate abre una discusión sobre el financiamiento público de estos tratamientos, la autonomía de las familias, las decisiones de los equipos médicos y los derechos de niños, niñas y adolescentes trans.