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Conflicto en Reserva Ecológica Oasis de La Campana: vecinos enfrentan 15 demandas millonarias de la inmobiliaria que les vendió sus parcelas

PorPamela Vargas

Nov 20, 2026

Los propietarios denuncian que las acciones judiciales buscan intimidarlos tras cuestionar la ampliación del proyecto inmobiliario, ubicado cerca del Parque Nacional La Campana. La empresa, en tanto, los acusa de afectar su reputación y perjudicar la comercialización de terrenos.

Un complejo conflicto judicial y ambiental enfrenta a vecinos del loteo “Reserva Ecológica Oasis de La Campana”, ubicado en las cercanías del Parque Nacional La Campana, luego de que la misma inmobiliaria que les vendió sus parcelas presentara 15 demandas civiles en su contra.

Según explicó el abogado de los propietarios, Miguel Fredes, las acciones judiciales superarían los $1.000 millones cada una, lo que representa una importante presión económica para las familias involucradas.

El origen de la controversia se remonta al anuncio de la inmobiliaria de ampliar el proyecto hasta alcanzar las 2.000 parcelas. Esta situación generó preocupación entre los residentes, quienes cuestionaron el crecimiento del loteo por sus posibles consecuencias ambientales y denunciaron los hechos ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tras revisar los antecedentes, el organismo formuló un cargo gravísimo contra la empresa por ampliar el proyecto sin contar con la autorización ambiental correspondiente. De acuerdo con los antecedentes del caso, la inmobiliaria arriesga una multa superior a los $8.000 millones.

Disputa judicial y denuncias de intimidación

La empresa sostiene que las acciones de los vecinos han perjudicado su reputación y afectado la comercialización de las parcelas. Los propietarios, por su parte, consideran que las demandas constituyen una estrategia para desincentivar sus denuncias y evitar que continúen cuestionando el desarrollo del proyecto.

En ese contexto, la defensa de los residentes relaciona estas acciones con los denominados litigios SLAPP, sigla en inglés utilizada para describir demandas estratégicas contra la participación pública. Se trata de procedimientos judiciales que, según sus críticos, pueden utilizarse para intimidar o desgastar económicamente a personas y organizaciones que denuncian asuntos de interés público, especialmente en materias ambientales.

El caso abre un nuevo capítulo en la controversia por el desarrollo inmobiliario en las cercanías de un área natural protegida y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los derechos de las empresas, la participación ciudadana y la defensa del medioambiente.

Mientras avanza la disputa judicial, los vecinos deberán enfrentar las demandas presentadas por la inmobiliaria, en paralelo al procedimiento sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente.