La Contraloría Regional de Valparaíso ha iniciado un juicio de cuentas en contra de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato Bozzo (UDI), tras detectar un grave perjuicio patrimonial causado durante su administración, que supera los $3.600 millones.
El proceso busca que Reginato, quien lideró el municipio entre 2004 y 2021, devuelva recursos públicos mal administrados, principalmente relacionados con el no pago de cotizaciones previsionales y de salud a funcionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Según el organismo fiscalizador, durante años la corporación –bajo la conducción del equipo de confianza de la exalcaldesa– incurrió en reiterados incumplimientos en el pago de obligaciones laborales, lo que generó una deuda millonaria con entidades previsionales y de salud. Esto no solo afectó a cientos de trabajadores del área de educación y salud municipal, sino que también dejó a la comuna en una situación financiera crítica.
Impacto en la gestión actual
La deuda acumulada fue heredada por la actual administración encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD), quien debió solicitar un crédito bancario durante 2023 para poder cubrir los sueldos de los funcionarios y estabilizar la operación de la corporación. Esta medida fue considerada necesaria para evitar una parálisis de servicios esenciales en la comuna.
Desde el municipio se ha señalado que el endeudamiento no solo impactó en el corto plazo, sino que ha limitado la capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y mejoras salariales, por el compromiso financiero que arrastra la administración.
Juicio de cuentas y responsabilidades
El juicio de cuentas instruido por Contraloría implica que Virginia Reginato deberá asumir responsabilidad administrativa y eventualmente reintegrar fondos al Estado, como forma de reparación del daño causado. Este proceso puede extenderse, pero marca un precedente importante en la fiscalización de autoridades locales y el uso de recursos públicos.
Distintos actores políticos y sociales de la región han valorado la decisión de la Contraloría, considerando que por años existió impunidad frente a lo que califican como una gestión deficiente y opaca, especialmente en el manejo de los recursos destinados a áreas tan sensibles como la salud y la educación pública.
El caso de Reginato se suma a otros procesos similares que buscan establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales frente al mal uso de fondos municipales, en el marco de una mayor fiscalización de los organismos públicos y demandas ciudadanas por mayor transparencia.