La Fiscalía Regional del Bío Bío confirmó la apertura de una investigación penal y un sumario administrativo contra el fiscal José Ortiz, quien estuvo a cargo de las primeras diligencias del caso por la desaparición y muerte del niño Tomás Bravo, ocurrido en febrero de 2021 en la comuna de Arauco.
La medida se adoptó tras la reciente absolución de Jorge Escobar, tío abuelo del menor y único imputado en la causa, por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Durante el juicio, que acaparó gran atención mediática, Escobar aseguró que fue presionado por el fiscal Ortiz para asumir una culpa que no le correspondía, incluso en ausencia de pruebas directas que lo vincularan con el crimen.
Pero no fue el único testimonio que generó impacto. Carla Aldana, doctora del Servicio Médico Legal (SML), declaró ante el tribunal que el mismo fiscal la habría contactado para modificar el informe sobre la causa de muerte del menor, lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades dentro del proceso investigativo.
Frente a estos antecedentes, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas. Paralelamente, la Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, para encabezar la investigación penal en contra de Ortiz, quien podría enfrentar cargos por obstrucción a la investigación y abuso contra personas.
El caso de Tomás Bravo ha sido uno de los más conmovedores y mediáticos de los últimos años, y estas nuevas revelaciones generan serias dudas sobre la forma en que se llevó adelante la primera parte de la investigación, así como sobre los derechos y garantías del imputado y la veracidad de los informes periciales.
Desde la Fiscalía Nacional se informó que se dará curso a una revisión profunda del actuar del persecutor involucrado, para garantizar la transparencia y probidad del Ministerio Público.
La defensa de Jorge Escobar, por su parte, ha insistido en que las acciones del fiscal Ortiz respondieron a una presión institucional por mostrar resultados rápidos en un caso de alta exposición, y han solicitado medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse.