Osmar Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano de 18 años e imputado por el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, fue liberado menos de 24 horas después de que se decretara su prisión preventiva, generando una profunda conmoción en el sistema judicial chileno.
Ferrer, vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, fue formalizado el 9 de julio junto a otros dos extranjeros por su presunta participación en un homicidio calificado ocurrido en Ñuñoa, que la Fiscalía calificó como un sicariato. Según el fiscal Héctor Barros, los imputados habrían recibido pagos por ejecutar el crimen.
Sin embargo, al día siguiente, Ferrer fue excarcelado del penal Santiago 1 por una resolución firmada electrónicamente desde el mismo 8º Juzgado de Garantía de Santiago que había ordenado su reclusión. La situación se conoció públicamente cuatro días después, provocando cuestionamientos a la integridad del proceso judicial.
El Poder Judicial emitió un comunicado explicando que se registraron tres resoluciones con pocos minutos de diferencia la noche del 9 de julio: la primera ordenó la prisión preventiva, la segunda la dejó sin efecto por errores en la identificación, y la tercera restableció la medida. Sin embargo, aún se investiga por qué Gendarmería actuó en base a la segunda resolución.
La Fiscalía abrió una investigación penal, a cargo del fiscal Marcos Pastén, por eventual falsificación de documento público. Se han incautado antecedentes en el tribunal y en Gendarmería, mientras la jueza responsable, Irene Rodríguez, afirmó no haber cometido dolo y que envió correctamente las órdenes firmadas.
Un video difundido por Canal 13 mostró a Ferrer saliendo del penal acompañado por dos sujetos, lo que levantó nuevas dudas. “Puede ser un error, una cadena de errores o una intencionalidad. No se descarta ninguna línea investigativa”, declaró el fiscal Pastén.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una investigación administrativa, y la Corte Suprema citó de urgencia al fiscal nacional Ángel Valencia y al ministro de Justicia Jaime Gajardo, anunciando la creación de una mesa de trabajo para revisar protocolos judiciales.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó el hecho como grave: “Impacta directamente en la confianza del sistema de justicia”. Afirmó que Gendarmería descartó un hackeo y que actuó con base en una resolución aparentemente válida.
La situación ha generado amplia preocupación por el funcionamiento del sistema judicial frente a delitos de alta connotación pública y el combate al crimen organizado. Ferrer se encuentra actualmente prófugo.