El 7° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y dictó un fallo que obliga a los herederos del exdictador Augusto Pinochet a devolver al fisco más de 16 millones de dólares, tras establecer que dichos fondos provienen del uso indebido de recursos públicos durante su mandato.
La resolución judicial, de carácter civil y aún apelable, también alcanza a su fallecida esposa Lucía Hiriart y a otros 15 descendientes del excomandante en jefe del Ejército. El tribunal determinó que el enriquecimiento de Pinochet fue injustificado y que el dinero se originó principalmente en gastos reservados asignados a la Presidencia, Casa Militar y el Ejército.
Esta sentencia se dicta casi siete años después del cierre del denominado caso Riggs, investigación que reveló la existencia de cuentas secretas en el extranjero y fondos de origen ilícito. Si bien Pinochet falleció antes de ser procesado penalmente, la justicia civil sí avanzó en establecer la responsabilidad patrimonial de sus sucesores.
El fallo concluye que el monto deberá ser devuelto en pesos chilenos según el tipo de cambio vigente al momento del pago, además de los intereses legales que correspondan. También desestimó los argumentos de prescripción presentados por la defensa de la familia, argumentando que el plazo legal comenzó a correr recién en 2018, cuando la Corte Suprema determinó los bienes excluidos de comiso penal.
Se trata de uno de los fallos más relevantes en el ámbito de la responsabilidad civil vinculada a delitos de corrupción en dictadura. El CDE valoró la resolución como un precedente importante para la recuperación de bienes públicos desviados en el pasado.