La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió de sus funciones por un mes a la jueza Irene Rodríguez, quien firmó la orden judicial que permitió la liberación del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía, imputado por el homicidio de José Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”.
La medida fue adoptada por la fiscal judicial Clara Carrasco, encargada del sumario disciplinario abierto tras la polémica liberación del imputado. Mejía había sido formalizado el pasado 10 de julio como presunto autor del crimen ocurrido el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, ese mismo día recuperó su libertad luego de que Gendarmería recibiera una orden de excarcelación desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según informó Radio Bío Bío, la fiscal Carrasco también resolvió la suspensión de otra funcionaria del Poder Judicial, cuyo nombre y cargo no han sido revelados hasta ahora. Ambas suspensiones son de carácter temporal, mientras se desarrolla el sumario que busca esclarecer cómo se produjo esta grave falla en el sistema judicial.
El caso ha causado gran revuelo público, ya que se trata de un hecho de alta connotación y que involucra a un presunto sicario vinculado al crimen organizado. El Poder Judicial enfrenta ahora crecientes cuestionamientos por los errores que permitieron que un imputado por homicidio quedara en libertad, pese a la gravedad de los cargos.
Desde el mundo político y ciudadano se han levantado voces que exigen mayor rigurosidad y control en el actuar de los tribunales, especialmente en causas relacionadas con delitos violentos. Se espera que en los próximos días se entreguen nuevos antecedentes y avances en la investigación interna.