La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sentencia que obliga a Banco Ripley a indemnizar con $7 millones a una clienta que denunció hostigamiento mediante reiterados llamados de cobranza extrajudicial.
Según el fallo, en septiembre de 2017 el mismo tribunal había ordenado a la entidad abstenerse de efectuar contactos telefónicos, mensajes de texto o envío de cartas para exigir el pago de una presunta deuda. Sin embargo, la institución financiera incumplió la resolución judicial y continuó con las gestiones de cobro hacia finales de 2018.
La resolución detalla que el banco actuó “en abierta desobediencia”, pues reiteró las prácticas prohibidas pese a la orden previa:
“Tal como lo acreditan las declaraciones de testigos y la prueba documental acompañada, se encuentra configurado el hecho ilícito de la demandada, toda vez que desacató una orden de un tribunal superior jerárquico de la República, cuyas decisiones en resguardo de las garantías constitucionales son obligatorias y deben ser obedecidas por quien le son ordenadas”.
De acuerdo con la sentencia, las insistentes cobranzas no solo provocaron daños psicológicos significativos en la demandante, sino también afectaciones de carácter patrimonial. Por ello, se fijó una compensación de $2 millones por perjuicios materiales y $5 millones por daño moral.
La justicia concluyó que la conducta de Banco Ripley constituyó no solo un caso de “acoso constante”, sino también un “incumplimiento flagrante” de una orden emanada de los tribunales superiores, lo que agrava su responsabilidad.
Con este fallo, se refuerza la jurisprudencia sobre la protección de los consumidores frente a prácticas abusivas de cobranza y el deber de las empresas de cumplir estrictamente las resoluciones judiciales.