Un informe de la Contraloría General de la República reveló una grave irregularidad en 72 entidades públicas del país, las que mantuvieron contratadas a personas con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores de edad, pese a que cumplían funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.
El reporte, elaborado a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, identificó 164 casos entre los años 2020 y agosto de 2025. La mayoría de estas contrataciones se concentró en el ámbito educacional, incluyendo cargos de docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo.
Según el informe, solo durante el año 2025 se detectaron 35 casos activos en distintas instituciones públicas, entre ellas municipalidades —como El Bosque, Valdivia, Concepción y San Pedro de la Paz—, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y hospitales regionales.
Ante la gravedad de los antecedentes, la Contraloría instruyó una serie de medidas inmediatas, entre las que se encuentran:
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El término inmediato de los contratos irregulares.
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El inicio de sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
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La evaluación de acciones para la restitución de remuneraciones percibidas indebidamente.
El organismo fiscalizador recordó que la ley obliga a las instituciones públicas a verificar las inhabilidades antes de cualquier contratación, especialmente cuando se trata de labores vinculadas a menores de edad. En este contexto, las entidades involucradas tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar a la Contraloría las medidas correctivas adoptadas.