Este martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer su veredicto en el caso de Gustavo Gatica, actual diputado electo, quien quedó ciego tras recibir impactos de balines durante una manifestación en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.
Durante la audiencia, la jueza Cristina Cabello resolvió absolver al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Junto con esto, el tribunal ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban en contra del acusado.
Antes de comunicar la decisión, la magistrada expuso los fundamentos del fallo, señalando que el tribunal acogió parte de los argumentos presentados por la defensa. Entre ellos, se consideró el alto nivel de violencia que se registraba ese día, con ataques a Carabineros y daños a espacios públicos y privados.
Según el tribunal, el actuar de las Fuerzas Especiales se ajustó a los principios de necesidad y proporcionalidad, concluyendo que la intervención policial del 8 de noviembre de 2019 no fue arbitraria, sino una respuesta ante un riesgo grave e inminente para el personal policial, marcado por el uso de bombas molotov.
La resolución indicó que el avance de infantería con armas menos letales permitió despejar momentáneamente la calzada y recuperar el control del sector, calificando esta acción como legal, necesaria y proporcional, conforme a la normativa vigente.
El proceso judicial
El juicio contra Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, se inició el 4 de noviembre de 2024. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo acusó de disparar su escopeta antidisturbios apuntando al cuerpo de los manifestantes, a una distancia aproximada de 24,5 metros, lo que habría provocado las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.
Crespo había sido detenido en agosto de 2021 por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y anteriormente desvinculado de Carabineros, luego de detectarse irregularidades en los registros de su cámara corporal correspondientes a esa jornada.
Durante el juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de presidio, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió 15 años de cárcel, además de inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y derechos políticos. La defensa, en tanto, sostuvo durante todo el proceso que no existían pruebas ni testigos suficientes para acreditar los hechos imputados.
Con este fallo, el tribunal puso fin a uno de los casos judiciales más emblemáticos surgidos tras los hechos de 2019.