En pleno contexto de la grave catástrofe por incendios forestales que afecta a las regiones del Biobío y Ñuble, la Comisión de Agricultura del Senado despachó este jueves a la Sala el proyecto de Ley de Incendios, iniciativa que busca fortalecer la prevención y gestión de este tipo de emergencias a nivel territorial. Sin embargo, el avance legislativo se produce en medio de fuertes cuestionamientos políticos por la demora en su tramitación.
Según los antecedentes del proyecto, la iniciativa no registró avances desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda del Senado, pese a haber sido despachada con suma urgencia desde la Comisión de Agricultura. Esta situación generó críticas transversales, especialmente luego de que en diciembre de 2025 el diputado Diego Ibáñez, autor del proyecto, emplazara públicamente a la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda, solicitando acelerar su discusión para evitar enfrentar un nuevo verano sin una legislación específica sobre incendios forestales.
Los cuestionamientos apuntan a que el proyecto permaneció “estancado” durante meses al no ser priorizado en la tabla de la comisión, escenario que cambió recién tras la reactivación de los mega incendios en la zona centro-sur del país. Para diversos parlamentarios, la falta de avance legislativo expuso una demora injustificada frente a una amenaza conocida y recurrente.
Ante las críticas, la senadora Ximena Rincón defendió su gestión, señalando que su rol es asegurar una legislación técnicamente sólida y no responder a presiones coyunturales. “Mi deber no es apurar por presión, sino aprobar leyes que sirvan. No voy a ser responsable de una mala legislación”, afirmó la parlamentaria, descartando que el retraso haya sido arbitrario.
El proyecto de Ley de Incendios contempla nuevas herramientas para la gestión territorial y la prevención de siniestros, entre ellas un mecanismo más ágil para incorporar zonas de interfaz urbano-rural en los planos reguladores, además de la definición de áreas donde será obligatorio el manejo de vegetación y la implementación de cortafuegos.
Durante la sesión, la comisión votó un total de 20 artículos, incluyendo una modificación relevante al régimen de sanciones, que reduce el tope máximo de multas para infracciones gravísimas desde 5.000 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Finalmente, la senadora Rincón advirtió que la ley no contempla recursos para el actual ejercicio presupuestario, por lo que su implementación efectiva se proyecta recién para el próximo año. Además, cuestionó que el texto no aborde de forma directa la persecución penal de los responsables de incendios ni entregue mayores atribuciones al Ministerio Público.
El proyecto deberá ahora ser discutido y votado por la Sala del Senado, en un escenario marcado por la urgencia social y política que impone la actual emergencia forestal.