A 20 meses de la desaparición de la adulta mayor en Limache, la Fiscalía confirmó graves irregularidades en el manejo de pruebas clave del caso.
A casi 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, vista por última vez en un restaurante de Limache, la investigación dio un giro de alta gravedad institucional. El Ministerio Público confirmó la imputación de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la dueña del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Según informó la Fiscalía, los detectives habrían incurrido en serias irregularidades en el manejo y la custodia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, material considerado clave para esclarecer el paradero de la adulta mayor.
La imputación se sustenta en lo que expertos han calificado como una “falla crítica” en la cadena de custodia. De acuerdo con los antecedentes, de las 24 horas de grabación correspondientes al día de la desaparición, solo se habrían entregado 6 horas, dejando fuera un registro fundamental para la investigación.
Además, se detectó que los funcionarios se negaron inicialmente a entregar el disco duro original, argumentando que lo necesitaban para otras labores policiales, lo que habría comprometido la integridad de la prueba al realizar copias en equipos no oficiales.
Tras ser citados a declarar en la Tercera Comisaría de Limache, ambos funcionarios de la PDI optaron por guardar silencio, acogiéndose a su derecho legal, lo que incrementó las dudas respecto a su actuación.
Desde la familia de María Ercira, la indignación no tardó en manifestarse. Su nieta, Carla Hernández, señaló que “si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela”.
Mientras avanza la arista judicial por obstrucción a la justicia, la Fiscalía Regional de Valparaíso reiteró que la búsqueda del paradero de María Ercira Contreras sigue siendo la prioridad central del caso.