El Gobierno decidió postergar la implementación de la denominada Ley Uber o Ley EAT, dejando la firma y entrada en vigencia del reglamento en manos de las nuevas autoridades que asumirán el próximo 11 de marzo.
La determinación fue adoptada luego de varios meses de mesas técnicas, debates y presiones tanto de gremios de conductores como de empresas de aplicaciones de transporte. Desde el Ministerio de Transportes señalaron que no se alcanzaron los consensos necesarios para aplicar la normativa antes del término del mandato del Presidente Gabriel Boric.
Entre las razones expuestas por la cartera se mencionó la complejidad técnica de las exigencias contempladas en la ley y el posible impacto que su aplicación inmediata podría tener en el empleo de miles de conductores que actualmente trabajan mediante plataformas digitales.
Con esta decisión, varios aspectos clave de la normativa quedarán momentáneamente en pausa administrativa. Entre ellos se encuentran la exigencia de contar con licencia profesional clase A2, la antigüedad máxima permitida para los vehículos y la creación de un registro oficial de conductores de aplicaciones.
La postergación generó reacciones divididas en el sector. Los gremios de conductores y empresas de aplicaciones valoraron la medida, señalando que una implementación apresurada podría haber dejado fuera del sistema a miles de trabajadores de un día para otro.
En contraste, representantes del gremio de taxistas manifestaron su molestia, asegurando que la decisión representa una falta de compromiso con la regulación del sector y con la competencia equitativa entre el transporte tradicional y las plataformas digitales.