El gobierno del presidente José Antonio Kast decidió retirar de la Contraloría General de la República el Decreto N°10, que proponía cambios al reglamento de la Ley Karin, normativa que regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
La medida, oficializada el 4 de abril de 2026, se enmarca en una revisión más amplia de decretos heredados de la administración del expresidente Gabriel Boric, varios de los cuales fueron ingresados en los últimos días de su mandato.
Desde el Ministerio del Trabajo, el subsecretario Gustavo Rosende explicó que la decisión responde a una evaluación técnica, con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la ley.
El Ejecutivo enfatizó que la Ley Karin se mantiene plenamente vigente y que no se han modificado las obligaciones de los empleadores. Además, anunció que se elaborará una nueva propuesta de reglamento que incorpore la experiencia del primer año de aplicación, incluyendo la visión de trabajadores y empleadores para mejorar los procesos de investigación.
Sin embargo, la decisión generó críticas desde la oposición. La diputada Ana María Gazmuri calificó el retiro como un “retroceso inaceptable”, señalando que los cambios buscaban fortalecer la protección de las víctimas y agilizar las investigaciones.
En la misma línea, exautoridades y especialistas advirtieron que dejar sin efecto estas modificaciones podría afectar aspectos clave como la perspectiva de género, el debido proceso y el principio de no revictimización.
El tema abre un nuevo foco de debate político y técnico sobre el alcance y la implementación de esta normativa laboral.