El gobierno del presidente José Antonio Kast decidió ampliar la aplicación de test de drogas en el aparato público, proyectando esta medida como una política permanente dentro de la administración.
La iniciativa no es nueva, ya que en enero se exigieron estos exámenes como requisito para integrar el gabinete. Sin embargo, ahora se extiende a más funcionarios como parte de un conjunto de medidas orientadas a reforzar los estándares de probidad en la función pública.
Según información dada a conocer por Radio Bío Bío, junto con los test de drogas también se realizará una revisión de antecedentes, con el objetivo de asegurar que quienes ejerzan funciones públicas cumplan con los requisitos exigidos.
La medida se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio del mandato, orientadas a fortalecer los controles internos y la confianza en las instituciones públicas.