Un complejo escenario enfrenta la política migratoria en Chile, luego que la Policía de Investigaciones de Chile reconociera que actualmente no es posible expulsar a cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos con órdenes de deportación vigentes.
La situación fue expuesta ante la comisión de Gobierno del Senado por el prefecto de Migraciones, Ernesto León, quien explicó que el proceso está completamente estancado desde mediados de 2025.
El principal problema es diplomático: Chile no mantiene relaciones consulares con Venezuela, lo que impide identificar formalmente a estas personas y concretar su retorno. Además, desde ese país no se estaría aceptando el ingreso de los deportados.
Esta dificultad ya quedó en evidencia la semana pasada, cuando el Gobierno concretó su primer vuelo de expulsión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, pero sin incluir a venezolanos. En ese operativo solo se trasladó a 40 ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador.
El problema no es menor: gran parte de las órdenes de expulsión en Chile corresponden justamente a personas de nacionalidad venezolana, lo que transforma esta situación en un “cuello de botella” para la política migratoria del Ejecutivo.
A esto se suma el alto costo de cada procedimiento. Se estima que una expulsión por vía aérea puede costar cerca de $3 millones por persona, lo que complica aún más la posibilidad de realizar deportaciones masivas.
En paralelo, el Congreso avanza en un proyecto de ley que busca endurecer las medidas contra el ingreso irregular, incluyendo su tipificación como delito.
En simple, el Gobierno quiere acelerar las expulsiones, pero se enfrenta a una realidad clave: sin acuerdos con los países de origen, especialmente Venezuela, muchas de ellas simplemente no se pueden concretar.