Diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación ante lo que califican como un “acelerado desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos, memoria y justicia en Chile”, a raíz de medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Según advierten, estas acciones estarían debilitando organismos, políticas y espacios destinados a la promoción, protección y resguardo de los derechos humanos, así como también iniciativas vinculadas a la memoria histórica y los procesos de justicia.
Las agrupaciones señalan que estos cambios podrían afectar el trabajo desarrollado durante años en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición, generando preocupación en distintos sectores de la ciudadanía.
En ese contexto, hicieron un llamado a resguardar la institucionalidad vigente y a mantener el compromiso del Estado con los estándares internacionales en derechos humanos, enfatizando la importancia de no retroceder en avances considerados fundamentales para la democracia.
El tema ha abierto un nuevo foco de debate público, en medio de posiciones divididas respecto al rumbo de las políticas en esta área y el rol que debe cumplir el Estado en su resguardo.