El Congreso despachó a ley el proyecto Escuelas Protegidas, una de las iniciativas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
La nueva normativa entrega mayores herramientas a colegios y liceos para enfrentar situaciones de violencia escolar, incluyendo la posibilidad de realizar revisiones de mochilas en determinadas circunstancias, medidas para abordar interrupciones de clases y restricciones al acceso a la gratuidad en educación superior para personas condenadas por delitos relacionados con hechos de violencia en recintos educacionales.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó la aprobación del proyecto y señaló que el objetivo es que los establecimientos cuenten con mecanismos concretos para actuar frente a situaciones que afectan la convivencia y el desarrollo normal de las clases.
Pese a su aprobación, el debate sigue abierto. Parlamentarios de oposición manifestaron reparos a algunos artículos de la iniciativa y presentaron reservas de constitucionalidad, por lo que no se descarta que parte de la ley pueda ser revisada por el Tribunal Constitucional de Chile.
La normativa busca responder a una preocupación creciente en las comunidades educativas, donde durante los últimos años se han registrado diversos episodios de violencia que han afectado a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.