La Contraloría General de la República dio a conocer una serie de observaciones e irregularidades detectadas durante la ejecución del Censo 2024, proceso encabezado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Entre los antecedentes más relevantes del informe, el organismo fiscalizador advirtió la contratación de personas que registraban antecedentes penales por delitos como estafa, robo y tráfico de drogas, quienes participaron en labores vinculadas al levantamiento de información censal.
Asimismo, la revisión estableció que también fueron contratados ciudadanos extranjeros que no contaban con la autorización legal necesaria para desempeñar actividades laborales en Chile, situación que contravendría la normativa vigente.
Otro de los puntos observados corresponde a un eventual conflicto de interés relacionado con una licitación adjudicada por cerca de $1.700 millones a la empresa Dittborn y Unzueta S.A.
Según el informe, una exasesora del Censo habría participado en la comisión evaluadora encargada de revisar las ofertas del proceso licitatorio, pese a mantener vínculos con una sociedad que poseía el 60% de la empresa finalmente adjudicada. De acuerdo con los antecedentes, la exfuncionaria figuraba como representante legal de dicha sociedad al momento de la evaluación.
La situación encendió las alertas respecto de la transparencia y probidad en los procedimientos asociados al desarrollo del Censo 2024, uno de los procesos estadísticos más importantes realizados por el Estado.
Tras conocerse las observaciones, se espera que las instituciones involucradas entreguen sus descargos y adopten las medidas necesarias para aclarar los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El informe de Contraloría abre un nuevo foco de cuestionamientos sobre la gestión del proceso censal, cuya información resulta clave para la elaboración de políticas públicas y la planificación de recursos a nivel nacional.
Datos clave:
📌 Contraloría detectó contratación de censistas con antecedentes por delitos como estafa, robo y tráfico de drogas.
📌 También se identificó la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar en Chile.
📌 El organismo advirtió un posible conflicto de interés en una licitación adjudicada por $1.700 millones durante la realización del Censo 2024.