El Gobierno anunció un importante cambio en la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Finalmente, descartó la propuesta que permitía juzgar como adultos a jóvenes de entre 16 y 17 años que cometieran delitos de extrema gravedad.
La decisión fue comunicada tras la presentación de nuevas indicaciones al proyecto que se tramita en el Congreso. Con ello, el Ejecutivo dejó atrás una de las medidas que más debate había generado durante la discusión.
En lugar de aplicar el sistema penal de adultos, el Gobierno optó por endurecer las sanciones dentro de la justicia juvenil. Entre los cambios propuestos se considera aumentar las penas para los delitos más graves e incorporar la reincidencia y la reiteración como factores que agraven las condenas.
La idea de juzgar a menores como adultos surgió a raíz del aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes y contó con apoyo de algunos sectores políticos. Sin embargo, también recibió críticas de especialistas y organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Con este cambio, el Ejecutivo mantiene la diferencia entre la justicia juvenil y la justicia para adultos, aunque busca fortalecer el actual sistema para enfrentar con mayor firmeza los delitos de mayor gravedad cometidos por menores de edad.