Con votaciones unánimes, la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias en torno al proyecto que modifica la Ley 21.325 concluyó este lunes su trabajo, alcanzando un acuerdo transversal para perfeccionar, fortalecer y agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de personas en situación migratoria irregular.
La instancia estuvo presidida por la senadora Danisa Astudillo, del Partido Socialista, y contó con la participación de parlamentarios de distintos sectores políticos.
Entre los principales acuerdos alcanzados se encuentra la modificación del plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para las personas que sean objeto de una medida de expulsión administrativa.
La propuesta establece elevar de tres a cinco años el período mínimo durante el cual una persona expulsada administrativamente no podrá reingresar al país.
El acuerdo alcanzado por la comisión mixta deberá ahora ser sometido a votación en las salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo tanto, las modificaciones aún no constituyen una norma vigente y requieren la aprobación de ambas corporaciones para continuar su tramitación legislativa.
El proyecto forma parte de la discusión sobre la aplicación de la Ley 21.325, que regula aspectos relacionados con la migración y extranjería en Chile, y busca introducir modificaciones a los procedimientos administrativos asociados a las expulsiones.