En un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional de Tarapacá, fue detenida una funcionaria de la Oficina de Migración de la Municipalidad de San Felipe, junto a su madre, ambas de nacionalidad venezolana. Se les acusa de formar parte de una red de lavado de activos vinculada a delitos cometidos por el grupo criminal internacional conocido como Tren de Aragua.
Según antecedentes entregados por la PDI, las detenidas habrían utilizado cuentas bancarias a su nombre para realizar transferencias de dinero al extranjero, fondos que serían producto de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones, estafas telefónicas y secuestros. Esta operación forma parte de una investigación nacional que, en junio, permitió detener a 52 personas en distintos puntos del país, la mayoría de ellas venezolanas, por enviar más de 13,5 millones de dólares a otros países y plataformas de criptomonedas.
El caso comenzó a investigarse con mayor intensidad luego de que la funcionaria no regresara de sus vacaciones y se detectaran anomalías administrativas. Según explicó el abogado municipal Juan Castro, tras advertir la ausencia prolongada y otras irregularidades, la alcaldesa instruyó una investigación interna para aclarar los hechos.
Desde el municipio confirmaron su total colaboración con la justicia y recalcaron que este tipo de hechos no serán tolerados. La preocupación ahora se centra en el posible ingreso de redes delictuales a instituciones públicas a través de mecanismos difíciles de detectar a primera vista.