Un fuerte cuestionamiento surgió desde exautoridades del área de derechos humanos contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tras denunciar un cambio en la forma en que el Estado enfrenta el cumplimiento de condenas por violaciones a los derechos humanos.
Las exjefas del Programa Nacional de Derechos Humanos —Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano— acusaron que se instruyó a los abogados del programa no intervenir en audiencias donde se revisan beneficios como rebajas de pena o cumplimiento en libertad de condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.
Según explicaron, esta decisión fue instruida por el ministro Fernando Rabat, a través de la entonces jefa del programa, Constanza Garrido.
Las juristas advirtieron que esta medida podría tener consecuencias importantes, ya que —según señalan— la falta de participación del Estado en estos procesos favorece que los condenados soliciten cumplir sus penas en libertad o bajo arresto domiciliario.
Además, desde la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, las abogadas fueron críticas al rol actual del Estado, afirmando que esta “inacción” debilita la defensa de las condenas ya dictadas en causas de alta relevancia histórica.
El tema abre un nuevo debate sobre cómo el país enfrenta las condenas por violaciones a los derechos humanos, especialmente en lo relativo al cumplimiento efectivo de las penas.
En simple, exautoridades acusan que el Estado estaría retrocediendo en su rol activo en causas de derechos humanos, lo que podría impactar en cómo se cumplen estas condenas.