El gobierno de Javier Milei enfrenta cuestionamientos luego de eliminar el sistema de compensaciones económicas que el Estado entregaba a empresas de buses de larga distancia para financiar pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y pone fin al mecanismo vigente desde 2018, trasladando el costo de estos boletos directamente a las empresas privadas.
Desde el Ejecutivo argentino señalaron que la decisión forma parte del proceso de desregulación del transporte impulsado por el Gobierno, bajo el argumento de “simplificar normativas” y avanzar hacia un sistema de libertad tarifaria.
Sin embargo, organizaciones y medios argentinos advirtieron que, tras la eliminación del subsidio estatal, algunas empresas comenzaron a restringir cupos y aumentar las dificultades para acceder a los pasajes gratuitos, pese a que el derecho continúa vigente por ley.
Según consignó el medio argentino El Destape, el sector empresarial ya estaría aplicando mayores exigencias y limitando la entrega de boletos debido a que ahora deben asumir completamente el costo del beneficio.
La medida se enmarca además en el Decreto 883/2024, normativa que desreguló el transporte automotor interjurisdiccional en Argentina y permitió a las compañías definir tarifas y recorridos con menor intervención estatal.
El debate se instaló principalmente por el impacto que podría tener en personas con discapacidad y otros grupos vulnerables que dependen de estos pasajes para acceder a tratamientos médicos, estudios o traslados familiares.