El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro disposiciones de la ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para fortalecer las herramientas de prevención y control de la violencia en los establecimientos educacionales.
La decisión afecta algunas de las medidas más debatidas del proyecto, entre ellas la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a revisar su mochila, la posibilidad de que Carabineros o la PDI revisaran vestimentas y pertenencias sin orden de un fiscal, las sanciones por acciones que interrumpieran el normal desarrollo de las clases y la restricción para acceder a la gratuidad en educación superior a estudiantes condenados por delitos graves.
El fallo acogió parte de los cuestionamientos presentados por parlamentarios de oposición, quienes argumentaron que estas normas podían vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales.
Pese a la resolución, el resto de la iniciativa continúa avanzando, mientras el Gobierno evalúa los alcances del fallo y los pasos a seguir respecto de una de sus principales propuestas en materia de seguridad escolar.
La decisión del Tribunal Constitucional reabre el debate sobre el equilibrio entre la seguridad en los establecimientos educacionales y la protección de los derechos de los estudiantes.