El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y sostuvo que responden a criterios establecidos previamente por la Corte Suprema. Los beneficios fueron otorgados entre marzo y septiembre de 2026, en medio de cuestionamientos por la aplicación de una reforma legal que excluye estos delitos del beneficio.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad desde el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el pasado 11 de marzo. Así lo confirmó este miércoles el ministro Fernando Rabat, luego de que los antecedentes fueran publicados por el medio Interferencia.
Según la información, las resoluciones fueron emitidas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. Del total, 27 corresponden a condenas por abuso sexual de menores y 29 a delitos de violación. Durante el mismo período, el Ministerio rechazó una solicitud de rebaja relacionada con un caso de abuso sexual.
El registro equivale, en promedio, a un decreto de reducción de condena cada tres días. De acuerdo con los antecedentes publicados, las 56 solicitudes fueron resueltas directamente por el Ministerio, sin que los beneficiados hubieran recurrido a la justicia para obtener esas rebajas en sus respectivos casos.
¿Cómo se otorgan las rebajas de condena?
El procedimiento está regulado por la Ley N.º 19.856, que establece beneficios para personas condenadas que cumplen determinados requisitos, entre ellos los relacionados con su comportamiento durante el cumplimiento de la pena.
El proceso contempla la elaboración de un listado por parte de Gendarmería, la evaluación de la conducta de los internos por la Comisión de Reducción de Condenas y la revisión de los antecedentes por las unidades correspondientes del Ministerio de Justicia. Las resoluciones se formalizan mediante decretos dictados por orden del Presidente de la República.
Sin embargo, la aplicación de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores ha generado controversia, debido a una modificación legal aprobada en 2022 que excluyó a los autores de estos delitos.
La discusión se centra en si dicha exclusión puede aplicarse a personas cuyos delitos fueron cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma y que, bajo la normativa anterior, podían acceder al beneficio. El Ministerio sostiene que existen pronunciamientos judiciales que deben ser considerados para resolver estos casos.
Ministro Rabat defiende la decisión
Al ser consultado por las rebajas, el titular de Justicia afirmó que el Gobierno aplicó criterios establecidos previamente por la Corte Suprema en distintos recursos de amparo.
“Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, sostuvo Rabat.
El ministro agregó que, según esa interpretación, el máximo tribunal había reconocido el derecho al beneficio para personas cuyas situaciones se regían por la normativa anterior a 2022.
La controversia, no obstante, se mantiene debido a que los antecedentes publicados indican que las 56 rebajas no fueron concedidas a raíz de recursos judiciales presentados por los beneficiarios, sino mediante resoluciones administrativas del Ministerio.
Además, no se ha precisado públicamente cuántas de las condenas corresponden a delitos cometidos antes de la modificación legal de 2022 ni cuál fue el fundamento específico aplicado en cada resolución.
Anuncian acciones políticas para pedir explicaciones
La decisión también provocó reacciones en el Congreso. Diputados del Partido Comunista anunciaron que buscarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro Fernando Rabat y solicitar explicaciones sobre los criterios utilizados para conceder las rebajas.
El debate apunta tanto a la interpretación de la normativa como a la forma en que el Ejecutivo aplicó el beneficio en estos casos.
Mientras el Ministerio de Justicia defiende que sus resoluciones responden a criterios establecidos por la Corte Suprema, los cuestionamientos se concentran en la aplicación de la reforma de 2022 y en la necesidad de esclarecer los antecedentes de cada caso.
La discusión mantiene en el centro la protección de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las víctimas y el alcance de los beneficios penitenciarios establecidos por la legislación chilena.