Según las autoridades estadounidenses, la propuesta responde a lo que consideran una respuesta insuficiente de Chile y otros países en materia de fiscalización, prevención y erradicación de prácticas vinculadas al trabajo forzoso.
De concretarse, el nuevo gravamen se sumaría al arancel temporal del 10% que ya había sido anunciado anteriormente por la administración de Donald Trump, generando preocupación entre exportadores y sectores productivos nacionales.
La medida podría afectar las ventajas comerciales que Chile mantiene con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, vigente desde 2004 y que ha permitido un intercambio comercial con bajos o nulos aranceles para una amplia gama de productos.
Por ahora, se trata de una propuesta que deberá seguir su proceso de evaluación en Estados Unidos, mientras las autoridades chilenas analizan sus posibles efectos y las acciones que podrían adoptarse para evitar un impacto en las exportaciones nacionales.
Expertos advierten que una eventual aplicación de estos aranceles podría afectar especialmente a sectores que dependen del mercado estadounidense, encareciendo el ingreso de productos chilenos y reduciendo su competitividad frente a otros países.