La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, por 10 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de ley que busca autorizar la caza de perros asilvestrados o ferales en determinadas circunstancias.
La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Lilayu (UDI), busca entregar nuevas herramientas para enfrentar los ataques de estos animales contra el ganado y proteger tanto la actividad productiva como la fauna silvestre.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que no se consideraría delito de maltrato animal la muerte de un perro asilvestrado cuando ocurra en un contexto de defensa propia, de terceras personas o del ganado, siempre que exista un ataque actual o inminente.
Además, la propuesta contempla que los propietarios de animales de producción puedan implementar medidas especiales de control y prevención, entre ellas sistemas de captura.
El tema, sin embargo, ha generado una fuerte controversia. Organizaciones animalistas y agrupaciones defensoras de los animales han rechazado el avance de la iniciativa y cuestionan que la respuesta al problema considere la eliminación de los perros.
Desde estas organizaciones sostienen que el control letal no constituye una solución de fondo y plantean reforzar medidas como la tenencia responsable, la esterilización, la identificación de animales y una mayor fiscalización.
En paralelo, existe otra propuesta legislativa que también busca establecer excepciones al delito de maltrato animal cuando se dé muerte a perros asilvestrados bajo determinadas circunstancias, vinculadas a la protección de la salud pública, la seguridad de las personas, la biodiversidad, la fauna nativa y la propiedad privada.
Con la aprobación en general, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Congreso, donde deberá ser discutido en detalle antes de avanzar a las siguientes etapas legislativas.
El debate promete ser intenso: mientras sus impulsores apuntan a la protección del ganado y la fauna silvestre, sus detractores advierten que la iniciativa podría abrir la puerta a prácticas de control que consideran incompatibles con la protección animal.