Un reportaje de Interferencia revisó 150 decretos de reducción de penas dictados durante este año. Entre los beneficiados, al menos 13 personas habían sido detenidas en la frontera norte o en controles de rutas que conectan con esa zona.
El Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 115 ciudadanos extranjeros sentenciados por delitos relacionados con drogas, según una investigación publicada por el medio Interferencia, que examinó un total de 150 decretos de reducción de penas emitidos durante este año.
De acuerdo con el reportaje, al menos 13 de las personas beneficiadas habían sido detenidas en la frontera norte del país o durante controles policiales en rutas que conectan con esa zona. En cinco de esos casos, las sentencias establecieron que los condenados habían ingresado a Chile por pasos no habilitados.
Decretos firmados por autoridades de Justicia
Los documentos analizados incluyen decretos firmados por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, y por el entonces subsecretario Luis Silva, quien actuó como ministro subrogante.
Según la investigación de Interferencia, el Ministerio de Justicia no presentó oposición a ninguna de las rebajas de condena examinadas.
Para fundamentar estas decisiones, los decretos hacen referencia a un fallo de 2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago y a dos resoluciones de la Corte Suprema.
En uno de los argumentos citados en los documentos se sostiene que “este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
El fundamento jurídico de las rebajas
La justificación expuesta en los decretos apunta a que la autoridad ministerial debe ajustarse a los criterios establecidos por los tribunales respecto de la aplicación del beneficio, sin rechazarlo únicamente por la gravedad del delito o el bien jurídico afectado.
Los antecedentes conocidos a través del reportaje abren interrogantes sobre la aplicación de las rebajas de condena a personas extranjeras condenadas por delitos de drogas, especialmente en aquellos casos vinculados al ingreso irregular al territorio nacional.
La investigación se basa en la revisión de 150 decretos dictados durante este año y da cuenta de las decisiones administrativas adoptadas por la cartera de Justicia.