La Comisión Mixta de Presupuestos respaldó la partida del Ministerio de Justicia por 16 votos a favor y 10 en contra. La discusión estuvo marcada por los cuestionamientos a las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La controversia por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad llegó hasta la discusión del Presupuesto 2027, donde parlamentarios de oposición condicionaron su respaldo a los recursos del Ministerio de Justicia a la salida del ministro Fernando Rabat.
La sesión de la Comisión Mixta de Presupuestos estuvo marcada por fuertes intercambios, carteles con mensajes como «Renuncia Rabat» y cuestionamientos a la conducción del debate por parte del presidente de la instancia, el senador Javier Macaya (UDI).
Una de las intervenciones más duras fue la de la senadora Daniella Cicardini (PS), quien manifestó su rechazo a entregar recursos a la cartera mientras Rabat continúe en el cargo.
«No voy a aprobar ni un peso para el Ministerio de Justicia mientras siga a su cargo un ministro pro pederastas», afirmó la parlamentaria.
Restricciones al uso de la palabra y enfrentamientos
La tensión aumentó cuando Javier Macaya restringió las intervenciones de parlamentarios que no integraban la comisión y de quienes mantenían carteles contra el ministro en sus puestos.
La decisión provocó reclamos y gritos en la sala. Entre ellos, el diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó al presidente de la instancia, mientras otros legisladores también manifestaron su molestia por la conducción de la sesión.
Desde el oficialismo, el senador Rodolfo Carter defendió la actuación de Macaya y sostuvo que la discusión presupuestaria no debía utilizarse como mecanismo para sancionar políticamente al ministro.
La votación del presupuesto de la República no es la herramienta para castigar al ministro Rabat, señaló.
La partida fue aprobada por 16 votos contra 10
Pese al rechazo anunciado por la oposición, la partida del Ministerio de Justicia avanzó con 16 votos a favor y 10 en contra, con respaldo de parlamentarios de derecha y del Partido de la Gente (PDG). Los votos contrarios correspondieron a representantes de la oposición.
La controversia se origina en los 56 decretos de rebaja de condena otorgados a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El caso ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la interpretación de la normativa aplicada por el Ministerio de Justicia.
En medio de las críticas, la cartera anunció previamente la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de este tipo y la preparación de medidas legislativas para impedir que condenados por estos delitos continúen accediendo al beneficio.
La aprobación de los recursos no puso fin al conflicto político, que continúa centrado en las responsabilidades del ministro Fernando Rabat y en los criterios utilizados para conceder las rebajas de condena.