El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió en duros términos a la posibilidad de enfrentar una nueva acusación constitucional, calificando este tipo de acciones como herramientas utilizadas con fines políticos más que jurídicos.
Durante sus declaraciones, Montes sostuvo que si existe intención de sancionar personalmente su gestión, “que procedan”, aunque advirtió que este tipo de disputas termina afectando la continuidad y el avance de políticas públicas fundamentales, especialmente en materia habitacional.
El exsecretario de Estado criticó que el debate político se concentre en conflictos institucionales en lugar de abordar las prioridades del ministerio, en un contexto marcado por el déficit habitacional y la presión por acelerar proyectos de vivienda durante este 2026.
Además, aseguró que su administración siempre estuvo disponible para entregar antecedentes y someterse al escrutinio público, por lo que considera que la insistencia en impulsar un juicio político responde a una estrategia de desgaste hacia el Gobierno y sus exautoridades.
Las declaraciones reabren el debate sobre el uso de las acusaciones constitucionales en Chile, mecanismo que históricamente ha generado controversia respecto a sus límites entre control político y responsabilidad jurídica.
En simple, Montes acusa que detrás de una eventual acusación hay más cálculo político que fundamentos legales, en medio de un escenario donde la crisis de vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.