A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley 21.100, que prohibió la entrega de bolsas plásticas desechables en el comercio, Chile registra importantes avances en la reducción de este tipo de residuos.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Medio Ambiente, la normativa ha evitado la circulación de más de 13.600 millones de bolsas plásticas de un solo uso desde su implementación.
El impacto ambiental también se refleja en otros indicadores: se estima que la medida ha impedido que cerca de 100 mil toneladas de plástico lleguen a los ecosistemas y ha evitado la emisión de aproximadamente 200 mil toneladas de CO₂ equivalente.
Pero la ley también habría generado un cambio en los hábitos de los consumidores. Según los antecedentes disponibles, más del 80% de las personas utiliza actualmente bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras.
Sin embargo, la política enfrenta un nuevo desafío: que las alternativas reutilizables realmente tengan una vida útil suficiente para compensar el impacto generado durante su fabricación.
El director de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, Javier Viveros, advirtió que uno de los problemas es la compra frecuente de bolsas de polipropileno o friselina, especialmente cuando las personas olvidan llevar las que ya tienen en sus hogares. Esto puede provocar una acumulación de bolsas que finalmente no alcanza la cantidad de usos necesaria para justificar ambientalmente su producción.
Por eso, especialistas plantean que el próximo paso debe estar puesto en mejorar el diseño de los productos, impulsar la investigación en nuevos materiales y fomentar hábitos de consumo más responsables.
A ocho años de la prohibición de las bolsas plásticas, el balance muestra un importante avance, pero también deja una nueva pregunta sobre la mesa: no basta con reemplazar una bolsa desechable por otra reutilizable; el desafío está en que esa alternativa realmente sea sostenible y se utilice durante el mayor tiempo posible.